El gobierno de Alberto Fernández inició una serie de encuentros con los dirigentes de centrales sindicales y grupos empresarios. Pretenden un “acuerdo de precios y salarios» que contenga la espiral inflacionaria desatada en los últimos meses, con gran impacto en el costo de la canasta alimentaria.
La inflación no es solo un fenómeno «económico”, puesto que esencialmente expresa una «puja distributiva» entre los propietarios de los medios de producción y las/os trabajadoras/es.
Las patronales buscan licuar salarios y aumentar la rentabilidad empresaria. En el contexto de la globalización capitalista, el mercado es el mundo, por eso, ganar en «competitividad» para los monopolios exportadores implica bajar los costos de la producción interna, bajar el costo laboral, tender a la baja de los salarios por una parte y por la otra restringir el consumo interno (caída del salario vía aumento de los precios) para obtener mayores saldos exportables que se cobrarán en dólares. “Mis costos internos lo pago en moneda devaluada y cobro las exportaciones en dólares”, ese es el negocio.
Queremos señalar que estos son rasgos estructurales del funcionamiento del Capitalismo en nuestro país y el mundo. Constituye el núcleo duro de un orden social que ha aumentado como nunca antes los niveles de la desigualdad social en las diferentes regiones.
Cuando el presidente señala que si los productores del campo «no entienden» va a tener que poner retenciones o cupos a las exportaciones, no constituye solo un mal diagnóstico.
No es que no entiendan, tienen intereses que hacen a su propia naturaleza como clase social: el aumento creciente de sus ganancias para perdurar como clase.
No solo es un error en el análisis, sino que preanuncia políticas futuras que mantendrán el orden social desigual presente.
Las organizaciones sindicales asisten a la reunión considerándose parte del Gobierno, caracterizado como un gobierno popular y que hay que evitar al avance de la derecha.
Para nosotros, el gobierno surgió de un plebiscito popular en Octubre del 2019, pero está lejos de dar vuelta la página definitivamente de las políticas neoliberales, que constituyó el sentido de dicho plebiscito.
Remitimos al pago de la deuda pública sin ningún reparo frente a la ilegalidad e ilegitimidad de la misma, la vuelta atrás en el caso de Vicentin, la licuación del proyecto original sobre el impuesto a la riqueza, la caída de salarios y jubilaciones en un 20%, la permeabilidad frente a las exigencias de los grupos empresarios en la reglamentación de la Ley del trabajo a distancia, etc.
Esto no nos hace desconocer el acoso de una derecha que intenta restaurarse en el gobierno utilizando todas las vías que crea necesarias.
Pero sostenemos que, para frenar a la derecha, hay que avanzar en el terreno de las respuestas a las reivindicaciones populares y en los cambios estructurales del modelo productivo.
Cambios que expropien el poder económico de la derecha. Única garantía para evitar su restauración. En tal sentido el control del Comercio Exterior y la Banca por parte del Estado y los trabajadores se transforman en medidas que la emergencia ubica como necesidades inmediatas.
Nos preguntamos cual es la viabilidad y el beneficio de un Pacto Social para nuestro pueblo en la total asimetría entre el capital y el trabajo que profundiza día a día. El Pacto Social en contextos históricos y en el presente en los marcos del capitalismo solo tributa a garantizar la “paz social» que haga viable el ajuste económico perpetuo.
CORRIENTE POLÍTICA DE IZQUIERDA
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