En estos días ha ganado centralidad política la decisión que ha tomado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la causa denominada “Vialidad” en la que se condena a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner a prisión y a la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Más allá del análisis sobre el desarrollo de la causa, el que ha merecido críticas y sospechas de parcialidad, lo cierto es que queda claro que lo menos importante es lo jurídico. Lo es, sí, “sacar de la cancha” a CFK tal como lo anhelan sectores económicos y políticos. O sea que se trata de un fallo judicial con intencionalidad y efectos políticos.
En este punto corresponde caracterizar al Poder judicial en su conjunto y en particular al fuero federal y a la Corte Suprema nacional. El juramento por la Constitución Nacional que hacen cuando asumen muchos de estos personajes es una mera parodia que se verá claramente contradicho más temprano que tarde a través de sus fallos.
El poder judicial es una estructura verticalista, jerárquica, elitista, xenófoba, racista, patriarcal y profundamente anti democrática al servicio de las clases dominantes. Fue una CSJN la que bendijo al golpe de Estado de 1930 y a las sucesivas dictaduras y jamás sus miembros fueron juzgados por tales
conductas. Lo mismo podría decirse de ese máximo tribunal que defendió todas y cada una de las políticas lesivas a los intereses del pueblo fundamentalmente en temas sociales y políticos. Es la Corte la principal opositora a que los trabajadores judiciales cuenten con un convenio colectivo de trabajo como garantiza la CN.
Es la que aceptó en su momento la incorporación de dos de sus miembros a través de un mecanismo ilegal (2016, decreto de Macri nombrando a Rosenkrantz y Rosatti), la que no se expide sobre los pedidos de inconstitucionalidad del DNU 70/23, la que no se pronuncia sobre las causas por corrupción en las que están involucrados el ex presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios, la que mira para otro lado en las denuncias contra varios importantes miembros del Poder Judicial en el caso denominado “Lago Escondido” o contra magistrados que visitaban asiduamente al ex presidente del PRO; la que se niega a tratar denuncias contra la actual administración nacional por casos de represión y corrupción. Y así podríamos seguir.
El Poder judicial, salvo contadísimas excepciones, no es independiente ni del poder político ni del poder económico. Diariamente observamos cómo desde los medios de comunicación hegemónicos se baja línea sobre algunos temas en particular tratando de generar “sentido común” que incluye entre sus
destinatarios a los miembros de la mal llamada justicia.
Consecuentemente podemos concluir que la resolución de la Corte Suprema en la causa aludida está viciada de legitimidad en la medida que sus miembros (Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti) están inhabilitados ética y políticamente para entender en este caso en que se intenta resolver vía judicial una disputa política.
Finalmente, estos tres abogados deberían renunciar a su carácter de jueces de la Nación en forma inmediata.
Argentina, 10 de junio de 2025.-
CORRIENTE POLITICA DE IZQUIERDA