Desde la Corriente Política de Izquierda repudiamos la ola de desalojos, criminalización y ensañamiento impulsada por Jorge Macri desde su Jefatura de Gabinete. Mas de 800 desalojos en los barrios de la ciudad desde el inicio de su gestión y durante 2026, el 58% realizados sin orden judicial, por la Guardia de Auxilio, ante supuestos peligros de derrumbes. Barrios como Balvanera, Almagro, La Boca y Constitución encabezan estas estadísticas. El patrón no es azaroso: el pueblo empobrecido de la ciudad es objeto de esta acupuntura del mal, sacrificialmente designados para absorber los costos sociales del reordenamiento urbano y preparar el suelo para futuras inversiones.
El gobierno de derecha busca invisibilizar la profunda crisis y la penuria de la vivienda en la ciudad. Sobre 3.100.000 habitantes, medio millón están en emergencia habitacional, más de 12.000 personas viven en la calle, más de 400.000 en villas y barrios populares – con hacinamiento crítico, miles sin agua, más del 40% inquilinos de piezas-. Todos padeciendo la expansión del circuito económico narco: menudeo, prestamistas usureros, alquileres expoliativos, códigos de conducta mafiosos. El panorama se superpone con la expansión de los pentecostalismos y la militarización creciente con operativos represivos y ejemplificadores como Tormenta Negra. El desalojo de asambleas populares, el cierre de comedores y jardines, la presión sobre bachilleratos populares, corren junto con un falso discurso de seguridad que deshumaniza y estigmatiza a nuestro pueblo.
La política mediática de Jorge Macri, inteligencia artificial y redes personalizadas mediante, quiere borrar el carácter violento y antidemocrático de su accionar y convencer al resto de la ciudadanía que pobreza, inmigración y delincuencia son equivalentes. De este modo, la ola de desalojos encierra finalidades políticas, económicas y de la batalla cultural encarnada por estos personeros de los sectores de poder de derecha y ultraderecha
Resaltamos que esta ola de desalojos de CABA, está directamente ligada con las políticas macro del modelo económico actual: reprimarizador, extranjerizante, depredador y represivo, que deteriora la vida de quienes vivimos de nuestro trabajo, con especial ensañamiento contra las infancias, juventudes, personas con discapacidad, jubilados y trabajadores precarizados.
Esta crisis no es natural, quienes la provocan conocen perfectamente los feroces efectos de sus consecuencias: cierres de empresas, despidos, caída de ingresos, tarifazos, inflación, suspensión de planes sociales, deterioro de la salud y educación públicas, empobrecimiento generalizado, endeudamiento sin fin, alquileres impagables y expansión de devastadores efectos sobre la salud personal y comunitaria de nuestro pueblo.
Los procesos de expulsión provocados por este modelo, se intensifican en todo el territorio nacional, a gusto y necesidad de los poderosos actores del extractivo capital internacional y nacional y sus gobiernos funcionales: incendios, desalojos, reconversión a marcha forzada de usos del suelo urbano, periurbano y rural, ventas de patrimonio público, apropiación de las vertientes de agua… de Ushuaia a La Quiaca.
El gobierno nacional de Milei aceleró las reformas que aspira tornar irreversibles: RIGI, Reforma Laboral, modificación de la Ley de Glaciares y actualmente proyecto de SUPER RIGI y un proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada que debemos frenar con movilización. En materia de vivienda, suprimió el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, la SISU, el fondo FISU para los barrios populares dejando en banda 6 millones de personas y la Ley de Alquileres. En cambio, ofrece créditos UVA por goteo a sectores amigos o clientes políticos de capas medias.
Mientras, la deuda externa crece y las inversiones ni llegan ni se derraman, el costo de vida disparó las deudas familiares. Los tarifazos sobre servicios y transportes y la carestía de los alimentos son el camino a un desastre humanitario y todo se sostiene con represión planificada.
Desde la CPI no solo denunciamos, sino que proponemos construir alternativas concretas junto con la reorganización necesaria del poder popular. Para la Ciudad de Buenos Aires, se trata de cumplir el Artículo 31 de la Constitución de CABA:
La Ciudad reconoce el derecho a una vivienda digna y a un hábitat adecuado. Para ello:
1. Resuelve progresivamente el déficit habitacional, de infraestructura y servicios, dando prioridad a las personas de los sectores de pobreza crítica y con necesidades especiales de escasos recursos.
2. Auspicia la incorporación de los inmuebles ociosos, promueve los planes autogestionados, la integración urbanística y social de los pobladores marginados, la recuperación de las viviendas precarias y la regularización dominial y catastral, con criterios de radicación definitiva.
3. Regula los establecimientos que brindan alojamiento temporario, cuidando excluir los que encubran locaciones.
En ese marco constitucional, planteamos:
Declarar la emergencia habitacional y el congelamiento de alquileres por cuatro años desde la Legislatura de la ciudad y desde el Congreso Nacional.
Reconvertir el actual Programa 690 en un Programa de Alquiler Social y Comunitario (PASyC) altamente subsidiado y de gestión comunal utilizando el banco de inmuebles públicos, herencias vacantes y de otras contrapartes como iglesias con compromiso popular y universidades.
Garantizar atención integral para las personas en situación de calle superando el actual esquema de paradores.
Reactivar la Ley 341 de construcción autogestionaria de viviendas y hábitat popular, fortaleciendo la producción y estimulando su ejecución con cooperativas de vivienda y trabajo asociadas, acompañadas por asistencia profesional interdisciplinaria con protagonismo de la universidad pública.
Crear fondos específicos en ciudad de Buenos Ares para el hábitat popular mediante impuestos progresivos a la construcción, la actividad inmobiliaria y el sector financiero.
Retomar las políticas de integración social y urbana en los barrios populares y villas de CABA en el espíritu de la Ley 148.
Construir una seguridad verdadera con participación ciudadana en los territorios, combatiendo los eslabones superiores del delito económico y político, y terminando con la criminalización de los más débiles.
Para avanzar en ello nos comprometemos a organizar la resistencia en los barrios, los lugares de trabajo y los estudios; ser parte en las luchas contra los desalojos; impulsar asambleas populares e iniciativas en torno a la vivienda y el territorio, contribuir a construir un programa de gobierno desde abajo y a la izquierda, protagonizado por las organizaciones sociales, sindicales y territoriales con el centro en la Vida de nuestro pueblo.
Por territorios democráticos y soberanos: sin expulsores ni expulsados. ¡Vivienda digna, trabajo y organización popular! ¡Que la deuda externa la paguen los que la fugaron y por la condonación de las deudas familiares!
Corriente Política de Izquierda
Buenos aires, 28 de mayo de 2026